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Santo Domingo RD.- Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
También el capitán Nelson Valdez, exdirector del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, por su presunta vinculación con el robo y comercialización ilegal de municiones y pertrechos policiales.
La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, representado por la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Ysabel.
ENVÍAN A JUICIO A SEIS ACUSADOS
Además de Féliz Romero y Valdez, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
El tribunal varió la prisión preventiva de Féliz Romero, Valdez, Martínez Bacilio, Díaz Medina y Medina Pérez por una garantía económica de RD$500,000 mediante contrato de fianza, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público. A Santos Rodríguez se le mantuvieron las medidas de coerción vigentes.
La jueza Patricia Padilla rechazó, además, la solicitud de procedimiento penal abreviado presentada a favor de Miguelina Bello Segura y ordenó la continuación del proceso.
CONDENA POR ACUERDO CON EL MINISTERIO PÚBLICO
En el proceso también fue condenado Marino Antonio Rodríguez Toribio a cinco años de prisión domiciliaria, tras un acuerdo parcial con el Ministerio Público. Asimismo, fue clausurada definitivamente la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., y se le impuso una multa de 10 salarios mínimos del sector público.
Según la acusación de la Pepca, la estructura fue desmantelada durante la Operación Pandora, en noviembre de 2024, y habría causado un perjuicio al Estado de RD$92,191,732.92 mediante la sustracción y posterior comercialización ilícita de miles de municiones, armas y explosivos.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, además de violaciones a las leyes 631-16 sobre Armas y 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
