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Monte de los Olivos: la profecía de El Poli y el miedo al desalojo ante el nuevo Código
Santo Domingo Este RD, 6 de agosto de 2026
Por Diego Torres
Familias del sector Monte de los Olivos, conocido popularmente como La Parte 66, marcharon por las calles de la zona y barrios aledaños de Santo Domingo Este para alzar su voz contra la amenaza de desalojos inminentes. La situación se desata justo cuando se anuncia un supuesto gran desarrollo inmobiliario en la zona y entra en vigencia el nuevo marco legal sobre tierras y propiedad.
Una voz que hoy resuena con fuerza es la del exregidor Antonio Infante, conocido como “El Poli”: unos dos meses antes de fallecer, luego de haber sido llevado preso injustamente, dejó un mensaje solemne para todo Santo Domingo Este: “Prepárense, porque vienen decenas de desalojos”. Sus palabras hoy parecen cumplirse, llenando de angustia a miles que no tienen a dónde ir.
La norma que entra en aplicación establece consecuencias severas: todo quien ocupe tierra sin título de propiedad formal podría enfrentar demoliciones y pérdida total de su vivienda. Se trata del Código Penal contenido en la Ley 74-25, específicamente en sus artículos 269, 270 y 271, que regula la protección a la propiedad y las ocupaciones. Pero aquí surge la gran injusticia: muchas de estas familias pobres han vivido, trabajado y cuidado esos terrenos por décadas, sin haber tenido nunca oportunidad ni recursos para formalizar su situación.
El clima en la zona ya se pone “color de hormiga”, y el país entero observa con alarma. Frente a esto, representantes de la comunidad de Monte de los Olivos, organizaciones ecológicas y entidades defensoras de los derechos humanos conformaron una comisión conjunta para investigar a fondo los hechos, esclarecer responsabilidades y buscar soluciones justas antes de que ocurran tragedias irreparables.
Desde estas páginas nos ponemos del lado de quienes menos tienen: el progreso no puede construirse echando a la calle a la gente humilde. Quienes hicieron de ese lugar su hogar merecen títulos y respaldo, no amenazas y desamparo. La ley debe servir a todos por igual, no solo a quienes tienen el poder y el dinero.
