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Por: Gonzalo Ramírez
RD..El espíritu navideño que tradicionalmente embarga a los dominicanos no fue óbice para que el pasado domingo 30 de noviembre una gran multitud de dominicanos se tirara a las calles a protestar contra el Gobierno de Luis Abinader, la inseguridad ciudadana, el hambre, la desproporcionada carestía de la canasta básica, la inestabilidad alcista del precio del dólar y la pérdida acelerada del poder adquisitivo que devoran los bajos salarios percibidos por los trabajadores y golpea despiadadamente la calidad de vida de estos y de sus familias, ante la mirada indiferente del Gobierno que se niega a indexar el salario de los trabajadores para garantizarles mayor poder adquisitivo, como lo ha propuesto el senador Omar Fernández.
La Marcha del Pueblo fue una protesta social cívica y pacífica promovida por el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y encabezada por su presidente, líder y expresidente Leonel Fernández, junto al senador Omar Fernández; y por el vicepresidente nacional de la FP, Radhamés Jiménez Peña.
En un recorrido de aproximadamente cuatro kilómetros, una enorme multitud de dominicanos marchó por las calles del Distrito Nacional entonando consignas y enarbolando pancartas con mensajes combativos, en franco repudio a la política económica del Gobierno del PRM presidido por Luis Abinader, que ha desmejorado la economía de los dominicanos al desplazar a los más pobres hacia la indigencia y a la clase media hacia la pobreza.
Durante el paso de la marcha del pueblo, decenas de miles de personas salieron al frente de sus casas para expresar su apoyo a la marcha y su rechazo al Gobierno.
La contundencia de la marcha provocó un evidente nerviosismo e incomodidad del Gobierno, cuyos funcionarios salieron veloces a intentar vanamente desacreditar la protesta ciudadana.
En lo que podría ser una reacción ocasionada por el nerviosismo e influencia del Gobierno, la Junta Central Electoral (JCE) notificó un acto de alguacil a la FP indicando que, la marcha se podría confundir con proselitismo por el uso de emblemas y símbolos partidarios, esto, pese a que en el aludido evento cívico no se observó ni el más mínimo viso de proselitismo o candidatura partidista, sino que, en todo momento la actividad estuvo centrada en cuestionar la política económica del Gobierno.
Amplios sectores de la población han cuestionado, reprochado y rechazado la improcedente reacción de la JCE. Así, la rauda y sorpresiva reacción del Partido de la Liberación Dominicana no se hizo esperar. Su secretario general reprochó enérgicamente al órgano electoral, por considerar que constituyó “un exceso” la intimación realizada por la Junta Central Electoral (JCE) a la manifestación convocada por el partido Fuerza del Pueblo (FP), advirtiendo el PLD que esta acción se suma a una tendencia preocupante de los órganos electorales a interferir en los derechos constitucionales y en la autonomía de los partidos políticos”.
Pujols recordó a la JCE que, “los partidos políticos tienen autonomía, y esa autonomía está protegida por la Constitución y el pueblo dominicano tiene derecho a marchar, a reunirse y a expresar sus ideas, incluso políticas. Eso no se limita por simpatías ni por colores”.
Por su parte, la FP respondió a la JCE mediante otro acto de alguacil que, realizó “una manifestación cívica, pacífica y ciudadana, centrada en el reclamo de soluciones frente al alto costo de la vida, la inseguridad, los apagones y el deterioro de los servicios públicos y que continuará acompañando al pueblo”.
FP también recordó a la JCE que, “la Constitución de la República reconoce, en sus artículos 47 (libertad de asociación), 48 (derecho de reunión pacífica) y 49 (libertad de expresión e información), el derecho de toda persona a organizarse, reunirse y manifestarse sin permiso previo ni censura, así como a expresar ideas y opiniones por cualquier medio”. “Asimismo, cita el artículo 216 de la Constitución, que asigna a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos la función esencial de servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana, lo que incluye acompañar y canalizar las demandas sociales de la ciudadanía”.
Lo cierto es que, la Junta Central Electoral (JCE) se excedió en sus funciones, porque como rectora de los procesos electorales no tiene competencia ni atribuciones para vedar a los partidos políticos, a los ciudadanos ni al pueblo sus derechos fundamentales a la libertad de asociación, a la protesta, libertad de expresión ni a la libertad de asociación, garantizados por la Constitución, por ser pilares fundamentales de un sistema democrático y de derecho garante de derechos fundamentales, derechos que el Gobierno pretendió vulnerar con la funesta Ley Mordaza, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
En la Marcha del Pueblo convergieron todos los sectores vivos del país, sin importar diferencia social, económica o política. Fue una verdadera expresión democrática del pueblo dominicano, en franco repudio a la desacertada política económica del Gobierno de Luis Abinader, que cada día hunde al pueblo en la más extrema miseria.
Quedó claramente evidenciada la firme determinación de un pueblo hambriento que está decidido a expulsar del palacio a un gobierno que ha incumplido sus procesas de cambio, calificado por Leonel Fernández como incompetente, ineficiente e insensible.
Santo Domingo Este, Rep. Dom.
04 de diciembre de 2025
