Fecha: Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Lugar: Monte Los Olivos, Santo Domingo Este, R.D.
Santo Domingo Este..En días recientes, se produjo un hecho alarmante en la comunidad de Monte Los Olivos, ubicada en Santo Domingo Este, dentro de los terrenos que pertenecen al municipio de San Antonio de Guerra. Agentes policiales del destacamento de Ciudad Juan Bosch, acompañados de un contingente militar, llevaron a cabo el desalojo forzoso de una vivienda sin presentar ninguna orden judicial ni la presencia del Ministerio Público, tal como lo establece la ley.
Durante el operativo, los uniformados actuaron de forma agresiva, sacando a la fuerza a los ocupantes de la vivienda, incluyendo a varios niños, y arrojando sus pertenencias —como colchones y objetos personales— fuera del inmueble. Testigos relatan que el desalojo fue ejecutado sin ninguna notificación previa y sin intervención de una fiscalía competente.
Lo más preocupante es que residentes de la zona señalan que este destacamento policial estaría operando como una especie de “tribunal de tierras”, arrogándose funciones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Además, hay rumores de que un individuo con gran influencia, que se desplaza en una lujosa jeepeta, estaría detrás de estas acciones, posiblemente en interés de apropiarse de terrenos en disputa.
Este tipo de atropellos se han vuelto frecuentes en la zona, donde se registran constantes violaciones a los derechos de los ciudadanos por parte de agentes del orden. Estos abusos no solo vulneran el derecho a la propiedad y la dignidad humana, sino que también socavan el Estado de derecho en nuestro país.
Hacemos un llamado urgente a la Procuraduría General de la República para que tome cartas en el asunto, investigue estos hechos y someta a la justicia a los responsables. Las autoridades no pueden seguir permitiendo que ciertos sectores, amparados en el poder o la influencia, actúen por encima de la ley y pisoteen los derechos de los ciudadanos más vulnerables.
El pueblo exige respuestas, justicia y el respeto pleno a los procedimientos legales establecidos en la Constitución y las leyes de la República Dominicana.