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26 de agosto de 2025
La Perito Opina
Por Ana E. María Bartolo
Santo Domingo RD– Psicóloga Clínica-Forense, especialista en Trauma Relacional y Victimología Contemporánea
Una niña murió. Y con ella, también murió —una vez más— la respuesta institucional.
Lamento profundamente que una funcionaria de tan alta investidura olvide lo más elemental cuando se trata de la protección de la niñez: la sensibilidad institucional, la capacidad de respuesta y la voluntad de actuar a tiempo.
Cuando una niña es brutalmente asesinada, ninguna entidad que trabaja con infancia puede escudarse en tecnicismos legales ni en limitaciones administrativas. Porque proteger a un niño o niña en peligro no es una opción burocrática: es una obligación ética, humana y legal.
Afirmar que “no se registró la alerta porque no era nuestra competencia” no es una explicación aceptable.
Es un desplazamiento de responsabilidad, revestido de lenguaje técnico, que evidencia la desconexión entre el mandato institucional y la realidad de los niños en riesgo.
La comunidad sí reaccionó a tiempo. Vecinos, allegados y actores sociales expresaron su preocupación y dieron señales de alerta.
Lo que falló fue la respuesta estatal: no se activó ningún mecanismo real de protección. Faltó articulación, seguimiento y, sobre todo, una vocación genuina de cuidado.
Señora directora: la institución que usted representa tenía, y tiene, la facultad legal y moral de encender las alertas.
Podía haber canalizado la denuncia.
Podía haber llamado a Línea Vida.
Podía haber activado los protocolos interinstitucionales con CONANI.
Podía, al menos, haber derivado el caso al Ministerio Público para investigación inmediata.
Pero no lo hicieron. Y hoy hay una niña muerta.
No estamos hablando de una omisión menor. Estamos hablando de una cadena de negligencias que desemboca en una pérdida irreparable.
Y esto no se resuelve con una rueda de prensa ni con un comunicado defensivo.
No se trata de culpables individuales.
Se trata de sistemas que llegan tarde, mal o nunca.
Se trata de una institucionalidad que, con demasiada frecuencia, olvida que proteger a tiempo vale más que cualquier disculpa pública o declaración posterior.
Como perito clínica y CEO comprometida con la niñez, no puedo aceptar esta respuesta evasiva.
No como ciudadana.
No como profesional.
No como voz de quienes ya no pueden hablar.
Porque la función pública —sobre todo cuando se trata de niñez— exige mucho más que posturas defensivas o tecnicismos jurídicos.
Exige responsabilidad.
Exige humanidad.
Exige acciones concretas.
Exige instituciones que pongan el corazón en la infancia y la ley en la mano.
Sobre la autora
La Perito Opina es una columna de análisis clínico y forense de actualidad, firmada por la Lic. Ana E. María Bartolo, Psicóloga Clínica y Forense, CEO de la Red Bienestar 360°, experta en prevención de la violencia y protección integral de la niñez.
Su voz combina la rigurosidad científica con la experiencia profesional y el compromiso ético, para decir las verdades que duelen con el lenguaje que construye.
