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Por: Armando Olivero Analista Legal
El acontecer internacional reciente ha puesto en el centro del debate geopolítico global la extrema fragilidad de las fronteras frente a flujos migratorios irregulares y masivos. Lo acontecido en el enclave español de Ceuta no representa únicamente un incidente fronterizo o una crisis humanitaria aislada; constituye el síntoma de una tragedia humana profunda, provocada por la erosión del control estatal, la inacción política y la presión desbordada sobre los límites de una nación soberana.
Para quienes analizamos el derecho internacional y la seguridad global, la irrupción en Ceuta —caracterizada por el quiebre de los controles de seguridad, el despojo de propiedades, agresiones y enfrentamientos con saldo de muertes— no es un hecho distante. Es la repetición de un patrón histórico doloroso que demuestra lo que sucede cuando una nación pierde la capacidad de resguardar la integridad de su suelo y la vida de su gente.
La lección inconclusa de Ceuta: El colapso de la seguridad urbana
En el contexto europeo, Ceuta se ha convertido en un escenario de angustia e incertidumbre para la población local. El cruce masivo no regulado superó los mecanismos de contención institucionales, desencadenando momentos de caos en los que ciudadanos comunes vieron vulnerada su tranquilidad, sus bienes y su integridad física.
Cuando la ley deja de imperar en la frontera, el desorden se traslada de inmediato a las calles, los hogares y los comercios. La falta de firmeza institucional abre la puerta al despojo y deja desprotegida a la población civil ante olas de violencia impredecibles. Este colapso no es fruto del azar, sino la consecuencia directa de agendas permisivas que postergan la defensa de la soberanía en nombre de un discurso burocrático desconectado de la realidad del ciudadano de a pie.
El dramatismo de la historia: Haití como origen del odio racial en América y las matanzas del siglo XIX
Para la República Dominicana, la tragedia de Ceuta no es una hipótesis abstracta; es un eco desgarrador de episodios que ya marcaron a sangre y fuego la memoria histórica de la Hispaniola. Comprender el riesgo actual exige recordar los antecedentes del siglo XIX que sembraron precedentes alarmantes en nuestro continente.
1. Haití: Primer Estado constituido sobre el racismo estructural en el continente
Desde una perspectiva historiográfica y jurídica rigurosa, el Estado haitiano se constituyó como el primer país de América en institucionalizar el odio racial y la discriminación por motivos de color. Al proclamar su independencia y redactar sus primeras cartas magnas, los líderes haitianos no solo buscaron la abolición de la esclavitud, sino que instauraron una doctrina de exclusión radical. Aquel germen ideológico sembró el odio racial en la región, prohibiendo constitucionalmente que cualquier persona de raza blanca o nacionalidad extranjera pudiera poseer tierras, bienes inmuebles o ejercer derechos ciudadanos en su territorio.
2. El exterminio y despojo de 1804
Bajo las directrices de Jean-Jacques Dessalines, esta ideología racial degeneró en una persecución sistemática contra la población blanca y los propietarios franceses. Decenas de miles de personas fueron perseguidas, despojadas de sus propiedades, tierras y pertenencias, y ejecutadas de forma masiva en lo que constituyó una de las primeras limpiezas étnicas documentadas de la era moderna en el hemisferio. Aquel despojo violento consagró la institucionalización de la exclusión por razones de origen y color.
3. La tragedia humana en Santo Domingo: El Degüello de Moca (1805)
Apenas un año después, durante la retirada de las tropas de Dessalines tras el sitio fallido a la ciudad de Santo Domingo en 1805, las poblaciones del Cibao sufrieron una de las páginas más oscuras y desgarradoras de la historia dominicana.
En la villa de Moca, el horror alcanzó su punto más desgarrador. Creyendo encontrar refugio sagrado, cientos de habitantes —hombres, mujeres, ancianos y niños— se congregaron en el templo parroquial bajo la guía del sacerdote. Las tropas invasoras irrumpieron en la iglesia y, violando todo principio sagrado y humano, pasaron a cuchillo a indefensos ciudadanos dentro del propio recinto eclesiástico. La iglesia quedó convertida en un escenario de muerte, el pueblo fue devastado por el fuego y decenas de niños fueron capturados y llevados en cautiverio hacia el oeste en marchas forzadas donde muchos perecieron de hambre y fatiga. Este evento, junto a los estragos sufridos en Santiago, Montecristi y La Vega, dejó una cicatriz imborrable en la identidad nacional.
La advertencia de Donald Trump: La amenaza de la agenda ideológica y las fronteras abiertas
La gravedad de lo acontecido en Ceuta ha reverberado en los centros de poder geopolítico global. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia categórica al tomar las imágenes del colapso fronterizo en España como un espejo de lo que podría suceder en suelo estadounidense si triunfa la agenda de fronteras abiertas que promueve el Partido Demócrata y sectores afines a la izquierda globalista.
Trump alertó enfáticamente que políticas débiles o liberales, inspiradas en corrientes socialistas e izquierdistas que justifican la migración ilegal sin control ni filtros de seguridad, terminan por entregar la soberanía nacional a verdaderas invasiones demográficas. Al señalar que «así estaremos si la facción equivocada toma el control», el mandatario estadounidense expuso cómo la confluencia entre la pasividad estatal y la simpatía hacia regímenes e ideologías de izquierda vulnera la estabilidad interna, destruye la paz social y expone a las naciones al despojo de sus instituciones democráticas.
Preservación del Estado de derecho: El firme precedente de Argentina y Javier Milei
En medio de este escenario global, diversos líderes están asumiendo posturas contundentes para garantizar que la soberanía y la seguridad interior no queden desprotegidas. Un ejemplo de firmeza legal e institucional lo constituye la reciente decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, quien modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir de forma categórica el ingreso a su territorio de extranjeros que expresen mensajes de odio o inciten a la violencia contra la nación sudamericana o sus ciudadanos.
Esta reforma normativa no solo restringe la entrada a quienes hostiguen el sentimiento patrio o ultrajen los símbolos nacionales, sino que establece con claridad la revocación de residencias y la expulsión inmediata de aquellos inmigrantes que incurran en tales conductas. La premisa de este marco regulatorio es incontrovertible: un Estado soberano no está obligado a acoger en su suelo a quienes atacan activamente su identidad, vulneran sus leyes o promueven la hostilidad contra su pueblo. Este enfoque representa un modelo de defensa preventiva y de autoridad institucional que la República Dominicana debe ponderar con seriedad ante las amenazas que enfrenta.
El paralelismo inevitable: La advertencia para la República Dominicana
El hilo conductor que une la siembra histórica del odio racial en el siglo XIX con la crisis actual en Ceuta, los señalamientos geopolíticos de líderes como Trump y la coyuntura dominicana es la vulnerabilidad del territorio cuando el Estado pierde la fuerza legal y operativa para proteger a su pueblo frente a agendas globalistas o presiones vecinas.
Lo que se vivió en Ceuta con la ocupación violenta y el despojo de propiedades es un aviso de lo que ocurre cuando se desmantelan los límites fronterizos bajo el pretexto de discursos ideológicos permisivos. Si la República Dominicana no actúa con determinación, las presiones demográficas y la inestabilidad extrema del país vecino pueden derivar en situaciones de zozobra donde la población local vuelva a ser víctima del desorden, la pérdida de sus bienes y la inseguridad en sus propias comunidades.
El paralelismo es claro: la desatención a las fronteras conduce inequívocamente al colapso del orden social y a la desprotección de las familias que habitan la nación.
Imperativo legal y moral: La defensa innegociable de la patria
Ante estos riesgos evidentes, la respuesta del Estado dominicano no puede ser la tibieza ni la complacencia ante presiones o agendas externas de corte progresista o izquierdista. La protección de la ciudadanía y del territorio es un deber legal, histórico y moral:
- Control fronterizo estricto y presencia real: La frontera dominicana debe ser una barrera inexpugnable ante la ilegalidad, respaldada por la presencia efectiva de las Fuerzas Armadas y la aplicación irrestricta de la Ley General de Migración.
- Defensa de la propiedad y la seguridad ciudadana: Garantizar que ningún ciudadano dominicano vea amenazada su vida, sus bienes o su patrimonio frente a ocupaciones irregulares o actos de violencia.
- Firmes cláusulas de expulsión y soberanía: Al igual que las medidas adoptadas por Argentina, la República Dominicana debe sancionar de forma expedita la expulsión de todo extranjero que exprese hostilidad, desacato o violencia contra la patria y sus ciudadanos.
- Rechazo firme a la injerencia extranjera y a la agenda globalista: Ningún organismo, potencia ni corriente ideológica internacional puede exigir a la República Dominicana que asuma el colapso de otra nación ni que comprometa su propia existencia territorial e histórica.
Finalmente, la historia no perdona la apatía de los pueblos que olvidan sus tragedias ni la ceguera ante las advertencias del presente. Las matanzas del pasado, la institucionalización de ideologías de odio en la región, los eventos recientes en Ceuta y la determinación de naciones soberanas por resguardar su paz demuestran que la patria no se mantiene con discursos vacíos, sino con voluntad política, respeto a la ley y un compromiso sagrado con la seguridad del pueblo.
Prevenir que la historia se repita en suelo dominicano es la primera responsabilidad de nuestro liderazgo y el derecho inalienable de todo un pueblo que ha pagado un precio muy alto por su libertad y su soberanía.
