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Por Esteban Rosa
Casos como la explotación minera en Cotuí, específicamente en la mina Pueblo Viejo operada por Barrick Gold, evidencian los riesgos inherentes a este tipo de proyectos. La acumulación de residuos tóxicos, el manejo de presas de colas y los conflictos sociales derivados del desplazamiento de comunidades han dejado una huella significativa. De igual forma, la actividad minera en Bonao, liderada por Falcondo, ha estado marcada por procesos de deforestación, alteración de ecosistemas y tensiones con las comunidades locales.
Estos antecedentes no son eventos aislados, sino manifestaciones estructurales de un modelo extractivo que, por naturaleza, genera impactos ambientales inevitables. Desde el punto de vista técnico, toda actividad minera implica remoción de grandes volúmenes de suelo, alteración de acuíferos y generación de residuos potencialmente contaminantes. Incluso en escenarios donde no se utilicen sustancias como cianuro o mercurio, persisten riesgos como el drenaje ácido de minas y la liberación de metales pesados.
El caso de San Juan resulta particularmente delicado debido a su ubicación en una zona estratégica para la producción agrícola y el abastecimiento hídrico. La cercanía a fuentes de agua, incluyendo sistemas que alimentan la presa de Sabaneta, convierte cualquier intervención minera en una amenaza potencial directa a la seguridad hídrica de la región. En este contexto, el agua no es un recurso más: es la base de la vida, la agricultura y la estabilidad social.
Por otro lado, los beneficios económicos que se promueven —empleo, inversión extranjera e ingresos fiscales— suelen ser temporales y concentrados. La experiencia demuestra que los empleos generados son mayormente de corta duración y que la mayor parte de las ganancias se distribuyen entre las empresas extractivas y el Estado, mientras que las comunidades locales asumen los riesgos ambientales y sociales a largo plazo.
Se configura así un desequilibrio evidente: beneficios económicos de corto plazo frente a impactos ambientales potencialmente irreversibles. La vida útil de una mina puede ser de apenas algunos años, pero las consecuencias sobre el ecosistema pueden extenderse por décadas o incluso siglos.
Desde una perspectiva ética y racional, la disyuntiva es clara. El agua representa un recurso vital, insustituible y esencial para la vida. El oro, en cambio, cumple funciones principalmente económicas y ornamentales. No sostiene la vida ni garantiza el bienestar colectivo.
En consecuencia, promover la explotación minera en una zona como San Juan implica asumir un riesgo desproporcionado frente a beneficios limitados. La evidencia histórica y el análisis técnico coinciden en un punto fundamental: el modelo minero tiende a privatizar las ganancias mientras socializa los daños.
La decisión, por tanto, no es únicamente económica. Es una decisión sobre el tipo de desarrollo que se desea para el país: uno que priorice la sostenibilidad y la vida, o uno que comprometa recursos esenciales a cambio de beneficios efímeros.
Señor Presidente Luis Abinader,
Los pueblos no olvidan quién defendió su agua. Esta es una decisión que trasciende gobiernos y generaciones. Elegir el agua es elegir la vida, la dignidad y el futuro de la República Dominicana
