Editorial: Entre la institucionalidad y la imposición: una decisión que sacude al PRM

Por Esteban Rosa.

 San Luis..La reciente decisión del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de extender por un año adicional el mandato de su presidente, José Ignacio Paliza, y de su secretaria general, Carolina Mejía, así como por dos años más las direcciones municipales, ha generado un profundo malestar dentro de la militancia de la organización.

Este descontento no es casual ni aislado. Se produce en un contexto donde ya se había abierto un proceso de convención interna, motivando a numerosos dirigentes y militantes a presentar sus aspiraciones con la legítima expectativa de participar en un proceso democrático, competitivo y transparente. La decisión adoptada no solo interrumpe ese proceso, sino que también envía una señal preocupante: la sustitución del ejercicio democrático por mecanismos de prolongación administrativa.

Desde una perspectiva institucional, esta medida entra en tensión con los principios establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la cual consagra la obligatoriedad de procesos internos democráticos, la renovación periódica de las autoridades partidarias y el respeto al derecho de participación de sus miembros. Si bien los partidos políticos gozan de autonomía organizativa, esta no puede ejercerse en detrimento de los principios de democracia interna que la ley exige y la ciudadanía demanda.

El precedente histórico tampoco puede ignorarse. El propio origen del PRM está marcado por una ruptura política que tuvo como eje central el rechazo a prácticas de imposición y a la falta de respeto a los procesos convencionales dentro del entonces partido de origen. Aquella división no fue un hecho fortuito, sino una respuesta a la negación de espacios democráticos y a la concentración de decisiones en estructuras cerradas.

Resulta entonces contradictorio que una organización nacida bajo la bandera de la institucionalidad y la democracia interna recurra hoy a decisiones que evocan precisamente las prácticas que en su momento cuestionó. La extensión de mandatos sin un proceso competitivo debilita la confianza interna, desalienta la participación y afecta la credibilidad del partido frente a la sociedad.

Más allá de los argumentos administrativos o de conveniencia política que puedan esgrimirse, lo cierto es que este tipo de decisiones impacta directamente en la moral de la militancia. Quienes confiaron en un proceso abierto y decidieron aspirar, hoy se encuentran frente a un escenario que limita sus derechos y reduce las oportunidades de renovación dirigencial.

Reflexión 

La fortaleza de un partido político no se mide únicamente por su capacidad de ganar elecciones, sino por su coherencia interna y su respeto a los principios democráticos que dice representar. La democracia no puede ser un discurso hacia afuera y una excepción hacia adentro.

El PRM aún está a tiempo de reencontrarse con su esencia. Escuchar a su militancia, respetar sus procesos internos y garantizar la participación real no solo es un deber legal, sino un compromiso ético. Ignorar estas señales podría tener consecuencias que trasciendan lo interno y afecten la confianza de toda una sociedad que espera más de quienes gobiernan en nombre del cambio.