Caso Silverio: piden siete años de prisión por presunto ejercicio ilegal

Fecha: 10 de abril de 2026

Lugar: Santo Domingo, Distrito Nacional

El Ministerio Público solicitó este jueves ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional la imposición de siete años de prisión a Elizabeth Silverio Silien, la autodenominada neurocientífica acusada de ejercer ilegalmente en el área de la salud y cometer estafa a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

Además de la pena privativa de libertad, el órgano acusador pidió el pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de todas las pruebas ocupadas durante las investigaciones y la variación de la medida de coerción vigente.

Según la acusación, la solicitud de cambiar la medida de coerción se basa en que Silverio ya fue condenada en un primer juicio y ahora enfrenta la probabilidad de una nueva sentencia condenatoria, lo que incrementa el peligro de fuga, sumado a la gravedad del daño causado a numerosas familias y a la sociedad en general.

El esquema de engaño

En la presentación de conclusiones, representada por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, el Ministerio Público detalló que la imputada desarrolló un plan para defraudar a padres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones.

Silverio se hacía pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, exhibiendo títulos universitarios y un número de exequátur que resultaron ser falsificados o inexistentes. Con estos documentos, aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando generar confianza y captar pacientes a quienes ofrecía tratamientos y terapias sin contar con la formación ni las autorizaciones legales exigidas por la Ley General de Salud 42-01.

Pruebas y evidencias

Las investigaciones confirmaron que la acusada no cuenta con registros académicos válidos ni habilitación profesional, según certificaciones emitidas por universidades, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.

Testimonios de padres afectados, constituidos en querellantes y actores civiles, evidenciaron que la mujer realizaba evaluaciones, diagnósticos y aplicaba terapias sin el respaldo técnico ni legal necesario, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los menores.

El caso se encuentra en fase de conclusiones y se espera la decisión del tribunal en los próximos días.