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Eddy Ozuna hizo la publicación por las redes sociales Tratamos de comunicarnos con el alcalde de San Antonio de guerra para ver la situación pero esto no estaban disponibles los teléfonos ayer
San Antonio de Guerra..La comunidad de Las Parras y Mata de Palma, en el municipio de San Antonio de Guerra, ha solicitado formalmente al tribunal competente que condene al Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra, al Consejo de Regidores y al alcalde Francisco Rojas García, conocido como César, al pago de una indemnización ascendente a diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00).
Según el Comité Pro Desarrollo de la comunidad, la solicitud de indemnización responde a daños y perjuicios que alegan fueron ocasionados por actuaciones que consideran contrarias al ordenamiento jurídico vigente en la República Dominicana.
Fundamento legal invocado
De acuerdo con los representantes comunitarios, las presuntas violaciones estarían sustentadas en las siguientes disposiciones legales:
Artículo 1382 del Código Civil Dominicano: Establece que cualquier hecho del hombre que cause daño a otro obliga a aquel por cuya culpa ocurrió a repararlo.
Artículo 1383 del Código Civil Dominicano: Dispone que cada persona es responsable del daño que ha causado, no solo por su hecho, sino también por su negligencia o imprudencia.
Artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana: Garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
Artículo 75 de la Constitución Dominicana: Relativo a los deberes fundamentales de los ciudadanos y autoridades, incluyendo el respeto a la Constitución y las leyes.
Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios: Que regula el funcionamiento de los ayuntamientos y establece las obligaciones y responsabilidades de las autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones.
Ley No. 340-17 de Compras y Contrataciones Públicas (en caso de que las reclamaciones incluyan irregularidades administrativas o contractuales, según corresponda a los hechos denunciados).
El Comité Pro Desarrollo reiteró que esta acción judicial no persigue fines personales ni económicos particulares, como —según afirman— ha intentado señalar la Alcaldía y el cuerpo de regidores, sino que busca la defensa de los derechos colectivos de la comunidad.
“Esperamos que el tribunal decida conforme a la ley y haga justicia”, expresaron los comunitarios, quienes aseguran mantener su compromiso con la transparencia y la unidad en este proceso.
