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Por la Redaccion cortesía de Ciudad oriental
Santo Domingo Este, R.D..-La familia Jáquez Rosario y residentes de la zona elevaron una denuncia pública urgente ante lo que califican como un operativo abusivo, violento y fuera de la ley, ejecutado por agentes del Ministerio de Medio Ambiente y de La Urbe, institución encargada del proyecto en la ribera del Ozama, en Santo Domingo Este, en horas de la madrugada de este viernes.
De acuerdo con múltiples testimonios, aproximadamente a las 6:00 de la mañana, los agentes irrumpieron en varias viviendas del sector, incluyendo la residencia de la señora Azmerilin D. Rosario Jáquez, hija de la reconocida líder comunitaria y licenciada Nurys Jáquez, sin presentar orden judicial ni documentación legal.
La señora Rosario Jáquez solicitó el debido proceso y pidió respeto por su hijo de 6 años, quien dormía en ese momento. Sin embargo, fue violentamente esposada y, según denuncian los presentes, sometida a descargas eléctricas y gas pimienta, incluso en presencia de menores.
Los comunitarios aseguran que el operativo se convirtió en un acto de represión generalizada, donde otros vecinos también fueron sacados de sus casas a la fuerza, generando pánico colectivo en toda la zona.
Uno de los hechos más alarmantes fue la agresión contra una menor de 17 años, quien —según testigos— fue brutalmente golpeada por un agente tras expresar palabras de apoyo a su hermana Azmerilin. Este acto ha sido calificado por la comunidad como un abuso inaceptable contra una menor de edad.
La señora Rosario Jáquez fue mantenida retenida dentro de un camión frente a su vivienda durante casi 10 horas, desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, junto a otros familiares, en condiciones consideradas inhumanas y degradantes.
Durante el hecho, su hermana Leidy Abigail Jáquez intentó documentar lo ocurrido y exigir respeto, especialmente por la presencia de su bebé en etapa de lactancia. Como respuesta, denuncian que le arrebataron su teléfono mediante violencia física, ignorando por completo los derechos y la dignidad de los presentes.
Asimismo, fue detenido el señor Edwin Jáquez, cuyo único reclamo fue exigir que se respetara la ley, indicando que sin orden judicial no podían ingresar a la vivienda.
En medio de este escenario, la niña Mía Elina, de apenas 2 años, permanecía llorando desconsoladamente por su padre, evidenciando el profundo impacto emocional causado por la intervención.
La familia y la comunidad sostienen que estos hechos constituyen una grave violación a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos humanos y a las leyes de protección de la niñez y la adolescencia.
Ante la gravedad de lo ocurrido, exigen de manera inmediata:
• Investigación independiente y transparente
• Identificación y sanción de los agentes responsables
• Protección para las víctimas y testigos
• Respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos fundamentales
Finalmente, hacen un llamado urgente a las autoridades, a los organismos de derechos humanos y a toda la sociedad dominicana a alzar la voz ante estos atropellos, que ponen en peligro la seguridad, la dignidad y la convivencia pacífica de las comunidades.
