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Abuso de Poder y Violación de Derechos Humanos: El Caso de Emily Díaz en el Barrio de la 66
Ver en nuestro canal de YouTube el video completo de la denuncia al Coronel Mercedes de la ciudad Juan Bosch
San Antonio de Guerra ..En una denuncia que ha generado indignación y preocupación en la comunidad del barrio de la 66, municipio San Antonio de Guerra, la ciudadana Emily Díaz acusa al coronel Mercedes, del destacamento policial de Ciudad Juan Bosch, de haber cometido una serie de atropellos en su contra, incluyendo allanamiento ilegal, agresión física, detención arbitraria, cobro indebido de multas y amenazas.
Emily, una madre soltera trabajadora, relató que fue agredida y esposada sin orden judicial en su pequeño colmadito, mientras su hija menor quedaba abandonada y desprotegida.
El inicio del abuso
Los hechos ocurrieron en horas de la tarde, cuando una patrulla de la Policía Nacional, encabezada por el coronel Mercedes, llegó sin ninguna orden legal al colmado de Emily Díaz, ubicado en el barrio de la 66. De manera abrupta, los agentes confiscaron una máquina tragamonedas que, según explicó la víctima, llevaba más de tres años sin funcionar y ni siquiera tenía cable eléctrico.
Cuando Emily intentó buscar su cédula de identidad para identificarse, fue golpeada en el brazo derecho por uno de los policías, dejándole una hinchazón evidente.
Esposada y sacada del colmado sin justificación
Acto seguido, y sin ninguna explicación legal, el coronel ordenó que Emily fuera esposada y sacada del establecimiento frente a sus vecinos, sin presentar orden de arresto ni notificación de infracción alguna.
Fue subida a una camioneta policial y trasladada, junto a los agentes, a diferentes barrios en un supuesto operativo para detener inmigrantes haitianos, fuera de su conocimiento y consentimiento.
Durante ese tiempo, su hija menor quedó completamente sola en el colmadito, tirada en el piso, sin comida, agua ni supervisión, lo que representa una grave violación a los derechos del niño.
Detención ilegal y cobro de una multa sin fiscalía
Después del recorrido, Emily fue llevada al destacamento de la Policía Nacional en Ciudad Juan Bosch, fuera de la jurisdicción correspondiente, ya que el barrio de la 66 pertenece al municipio de San Antonio de Guerra.
Allí, la joven fue encerrada en un cuarto oscuro, aún esposada, sin derecho a comunicarse con un abogado ni a presentar su versión ante la Fiscalía. Más grave aún, fue liberada a eso de las 7:00 de la noche, previo pago de una supuesta multa elevada, la cual no le fue explicada ni documentada.
Cuando se le preguntó si su caso fue canalizado por la Fiscalía, Emily relató que el coronel le dijo:
“Esto no va a la Fiscalía. Yo estoy autorizado a cobrar los impuestos directamente.”
Una declaración sumamente preocupante, ya que ningún oficial de la Policía Nacional tiene autoridad legal para cobrar multas ni actuar como fiscal.
Amenazas y temor por su seguridad
Además de todo lo ocurrido, Emily denunció que el coronel Mercedes la amenazó verbalmente, diciéndole que no hablara con la prensa ni hiciera pública la situación, advirtiéndole que “podía arrepentirse”.
La joven dijo tener miedo por su vida y la de su hija, ya que teme represalias por haber denunciado públicamente los hechos.
La comunidad respalda a Emily Díaz
Vecinos del barrio de la 66 expresaron su total apoyo a Emily Díaz, afirmando que es una mujer seria, trabajadora y de valores religiosos, que durante años se ha dedicado a vender jugos, tostadas y agua fría para sostener a su hija.
“Es una mujer honesta. No se mete con nadie. Lo que le hicieron fue una injusticia. Estamos indignados”, declaró una vecina.
Violaciones legales graves
Este caso pone en evidencia posibles delitos y violaciones cometidos por parte del coronel y su equipo:
Allanamiento sin orden judicial
Detención ilegal
Extorsión (cobro ilegal de multas)
Amenazas
Abandono indirecto de menor de edad
Violación a la jurisdicción territorial
Exigencias urgentes a las autoridades
Que el Jefe de la Policía Nacional investigue de inmediato al coronel Mercedes por abuso de autoridad y violación de procedimientos legales.
Que la Procuraduría General de la República abra una investigación formal y determine responsabilidades penales.
Que el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo ofrezcan protección inmediata a Emily Díaz y a su hija menor.
Que se aclare si existe alguna autorización institucional para que miembros de la Policía cobren impuestos o multas, como alegó el coronel.
Que se sancione ejemplarmente a cualquier funcionario que use su cargo para intimidar, extorsionar o violar los derechos de ciudadanos vulnerables.
Reflexión final
Este caso debe servir como un llamado urgente a las instituciones del Estado: no se puede permitir que la autoridad policial sea utilizada para abusar de mujeres trabajadoras y madres solteras.
Si mañana algo le ocurre a Emily Díaz o a su hija, la responsabilidad recaerá directamente en quienes, conociendo esta denuncia, decidieron mirar hacia otro lado
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