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Santo Domingo RD..Advierten que una modificación reglamentaria del IDAC desconoce la autoridad del presidente de la República para aprobar un aeropuerto internacional, prerrogativa contenida en la Ley Aeronáutica del país, que establece que es exclusiva del Poder Ejecutivo aprobar un aeropuerto internacional.
Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).
El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que encabeza el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, solicitó al presidente Luis Abinader una entrevista para tratarle sobre las decisiones, a su juicio equivocadas, adoptadas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y que afectan una inversión norteamericana del 33% de las acciones del propuesto y cancelado Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).
La carta explica que ASUR, una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, opera aeropuertos como el de Cancún, en México, o el Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, con movimiento de más de 70 millones de pasajeros por año, además de que gestiona otras 16 terminales aeroportuarias.
Explica que ASUR hizo una inversión al adquirir el 25%de las acciones del AIB, incluyendo a la República Dominicana en su portafolio de inversiones, bajo la premisa de la seguridad jurídica y el potencial de crecimiento de las operaciones aéreas y del turismo dominicano.
Legalidad y viabilidad técnica y aeronáutica
Dijo que, “previo a materializar su inversión, procedió a realizar una minuciosa y exhaustiva debida diligencia (due diligence) para asegurarse de la legalidad y viabilidad técnica y aeronáutica del AIB".
"Dicho proceso -prosiguió- incluyó un levantamiento de todos los permisos y autorizaciones recibidas desde numerosos organismos estatales, el decreto 270-20 dictado por el Poder Ejecutivo y el Contrato de Concesión suscrito entre el Estado dominicano, la Comisión Aeroportuaria y la sociedad Aeropuerto Internacional de Bávaro”.
Explica que el contrato con el Estado “refleja un marco jurídico otorgado en identidad de condiciones a los firmados por el Estado dominicano con los aeropuertos internacionales de La Romana, el Cibao y Punta Cana”.
En su carta al primer mandatario, la empresa, a través de su representante Adolfo Castro Rivas, explica que sus estudios determinaron que los aspectos técnicos del AIB “son los más completos que hemos tenido la oportunidad de evaluar como empresa líder en Latinoamérica en la gestión y operación aeroportuaria”.
Agrega que sus análisis de la demanda actual y el crecimiento del tráfico aéreo en la zona “refleja la necesidad de una nueva terminal aeroportuaria que pueda adaptase a esa nueva realidad”.
Apunta a que la nueva terminal aumentaría la competitividad, conectividad y mejoraría la calidad y los precios de los servicios, beneficiando de manera directa los turistas, las líneas aéreas, los prestadores de servicios conexos y al gran público viajero.
Explican que esto también implica un aumento de los ingresos que recibe el Estado y sus instituciones vinculadas, por los impuestos, tasas, tarjetas de turismo y demás contribuciones que se generarían.
Sorpresa y esperanza
Dice que ASUR recibió con sorpresa el decreto 02-24 dictado por el presidente Abinader el 5 de enero de 2024, que detonó y dejó sin efecto el decreto 270-20 del presidente anterior, autorizando el establecimiento del AIB.
