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El Alcalde del Distrito Municipal de Monserrat, Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes, fue liberado pocas horas después de ser arrestado en flagrante delito con libros oficiales sustraídos de la Junta Central Electoral (JCE), en uno de los casos más controversiales de las últimas semanas.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional, inspectores y representantes del Ministerio Público adscritos a la JCE, quienes interceptaron al funcionario en la ciudad de Baní mientras conducía un camión oficial del ayuntamiento. Durante la requisa, le fueron ocupados libros del Estado Civil pertenecientes a la oficialía de Neyba, los cuales, según las autoridades, estaban siendo utilizados para alterar registros de nacimiento con fines fraudulentos.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los documentos incautados habrían sido manipulados para crear vínculos de filiación falsos con personas fallecidas, con el objetivo de reclamar herencias, modificar derechos sucesorales y facilitar procesos ilegales de identidad. Esta práctica podría estar relacionada con una red criminal organizada con acceso a información sensible del Estado Civil, que opera de manera coordinada para defraudar al sistema legal.
La Junta Central Electoral había solicitado previamente el sometimiento del funcionario, señalando que estos actos forman parte de una estructura que pone en riesgo la integridad del registro civil del país. Además, se ha informado que esta red podría estar involucrada en otros casos similares, lo que ha generado una profunda preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de la gravedad del caso, Ramírez Reyes fue liberado bajo circunstancias que no han sido esclarecidas públicamente. Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han ofrecido una explicación oficial sobre los motivos de su excarcelación, lo que ha alimentado las críticas sobre la debilidad institucional para enfrentar este tipo de delitos.
La detención y posterior liberación del alcalde han reavivado el debate sobre la falta de transparencia y la impunidad en casos relacionados con la falsificación de documentos públicos y posibles redes de trata de personas. Diversos sectores de la sociedad han exigido explicaciones claras y una rendición de cuentas efectiva, insistiendo en que no se puede permitir que funcionarios públicos actúen al margen de la ley sin enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
Hasta el cierre de esta edición, se espera que las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre el caso y se definan las medidas que se tomarán para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La ciudadanía sigue atenta a este proceso, demandando justicia y un sistema
