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San Luis, Santo Domingo Este – Dirigentes comunitarios y sociales de San Luis denunciaron que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a través de su Dirección de Licencia de Conducir, está emitiendo licencias de conducir a motoristas residentes en San Luis bajo la dirección territorial de El Bonito, San Isidro, en abierta violación a las leyes que regulan la división territorial del país.
La denuncia surge en medio de la discusión de un proyecto de ley en el Congreso Nacional que busca convertir a San Luis en municipio y a San Isidro en distrito municipal. Los comunitarios consideran que estas acciones son parte de una estrategia para despojar a San Luis de parte de su territorio, en beneficio de San Isidro.
De acuerdo con líderes sociales, entre ellos Manuel Fleming, el otorgamiento de estos documentos no solo carece de base legal, sino que también responde a una componenda entre sectores vinculados a la comunidad de San Isidro. Señalan directamente al ex coronel de la Fuerza Aérea Juan Francisco Polanco, al diputado Juan José Rojas, a la directora distrital Wendy Cepeda y al párroco del Bonito Padre Nicolás Cuello como responsables de una campaña articulada para influir en la delimitación territorial.
Los dirigentes denuncian que incluso el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, se ha unido al Consejo Pro Desarrollo San Luis-San Isidro-El Bonito para respaldar un proyecto que, según alegan, busca otorgar a San Isidro más territorio que a la propia cabecera del distrito municipal de San Luis.
La comunidad ha mostrado su indignación frente a la reciente entrega masiva de licencias de conducir a motoristas de San Luis bajo la dirección de San Isidro. Los comunitarios califican este acto como una provocación y una maniobra para justificar una futura reconfiguración territorial favorable a San Isidro.
Ante esta situación, organizaciones sociales y de transporte de San Luis anuncian que preparan un compendio de luchas populares con el fin de defender lo que consideran un derecho legítimo a preservar su territorio. Aseguran que no permitirán que se concrete lo que llaman "un intento de despojo planificado" y exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes.
