Como lo han denunciado Uds. a la Opinión Pública Nacional e Internacional con gran responsa-bilidad, la Nación ha entrado en una grave crisis de gobernabilidad, a consecuencia de un preme-ditado plan, concertado desde la Junta Central Electoral (JCE), que tuvo como protagonista prin-cipal a su Presidente Roberto Rosario Márquez, Miembro del Partido de la Liberación Dominica-na (PLD), para llevar al país a una Trampa Electoral que validara de legitimidad la condición del Gobierno que preside Danilo Medina Sánchez y su ilegítima repostulación, ocasionando protestas justificadas y represión militar y policial que mantienen al país al borde del caos y la anarquía.
Para ello se aparentó que la JCE patrocinaba el cambio del usual Cómputo Manual de votos, con utilización parcial del Internet -siempre propicio para toda clase de manipulaciones y trastrueques de los votos que recogían la voluntad ciudadana- por un sistema completamente electrónico e inmune a dichas prácticas, especialmente aquellas en perjuicio de los partidos minoritarios que no alcanzaban a hacerse representar en todos los Colegios Electorales a la hora de levantar las Actas de Votaciones, donde sus votos les eran escamoteados y repartidos en beneficio de los partidos representados.
La JCE contó por ello inicialmente con el respaldo de todos los partidos políticos en lo que se expresaba como un paso de avance y modernización que haría públicos sus resultados –cargo por cargo- al cabo de pocas horas el mismo día de las elecciones. Las acciones consecuentes se di-vorciaron radicalmente de lo ofertado. Es preciso individualizar esta responsabilidad de la JCE en su presidente Rosario Márquez, por los acontecimientos que siguieron en el proceso de dar inicio al programado Proceso Electoral el Domingo 15 de Mayo a las 6:00 am; para finiquitar el mismo día a las 6:00 pm.
La JCE se hizo asesorar en el diseño del Sistema Electrónico; la escogencia de sus componentes; y de la programación del Sistema Operativo (software); a la firma española INDRA, y puso la responsabilidad de auditar el sistema en la Organización de Estados Americanos (OEA), resul-tando luego que ésta se inhibió, contratándose para ello a la firma norteamericana Price Water-House Coopers. Tras el artículo de prensa desde New York de J.C. Malone, alertando al país de que los Sistemas Electrónicos habían servido en EE.UU. para los peores fraudes electorales; los partidos de la oposición comenzaron a plantear cuestionamientos técnicos al Sistema, cuyos equipos llegaron al país en fechas muy próximas a la fijada para la votación.
Con efecto, equipos de diversa naturaleza: para verificar electrónicamente la identidad de votan-tes; y de captación, remisión y computación de las boletas de votación; (scanners), estuvieron llegando al país hasta la semana previa al Proceso Electoral. Los reclamos de comprobación, au-ditoría y verificación de la operatividad del Sistema Electrónico; de su idónea instalación y co-nectividad, planteados por los Partidos Políticos de Oposición, fueron rechazados en forma airada por el presidente Rosario Márquez.
Esta actitud se repitió frente a sus sensatas demandas de que -visto el fracaso generalizado de las pruebas de los equipos, con fallas de conexión telefónica y obvia falta de adiestramiento del personal que lo operaría- se llevara un Cómputo Manual en forma simultánea con el Cómputo Electrónico, prevaleciendo el primero. El obvio e innegable fracaso del Cómputo Electrónico cuyos equipos costaron más de US$ 34 millones, llevó a que el Cómputo Manual se concediera solo a Nivel Presidencial; y ya en el último momento y bajo protesta de su presidente, el Pleno de la JCE lo aprobara en sus Tres niveles, con la condición de no dar como final ningún Boletín producto del Cómputo Electrónico, hasta ser cotejado y confirmado por el Cómputo Manual.
La duda razonable sobre la intención de la JCE de operar un Sistema Electrónico, comienza con el pésimo historial de idoneidad de la firma INDRA así como el de Price Waterhouse Coopers; y el inexplicado retraso de la llegada de los equipos, impidiendo su adecuada verificación. A esto debe sumarse que en la madrugada del Domingo 15 de Mayo, el presidente Rosario Márquez anunció que 3,500 técnicos y personal auxiliar contratados para su operación, renunciaron sorpre-sivamente. De ello se proclaman desconocedores tres de los cinco miembros de la JCE. Al mo-mento en que se escribe este documento, aún se investiga la identificación de los mismos.
A causa de lo expuesto, los Colegios Electorales confrontaron: 1º ausencia de los equipos; 2º en los presentes, fallas en su adecuada conexión; 3º falta de personal operativo; y 4º fallas de logísti-ca en la llegada del material de votación; lo que obligó a gran retraso el inicio de su operación. Como es obvio, de no haber presión