Mario Suriel, Manuel Romer Castaños y Altagracia Ramírez, viuda González, sostienen que el ministerio público tiene que acoger la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que condenó al Estado dominicano como responsable de la desaparición de Narciso González.
Sostienen que la justicia dominicana ha engavetado el caso Narcisazo, existiendo elementos suficientes para procesar a los mencionados en la querella con constitución en parte civil.
“Nosotros queremos vincular el caso de Narciso González a los reclamos de la Marcha Verde, denunciar que el Gobierno no ha cumplido con esa sentencia y proclamar nuestra determinación de mantener la lucha hasta las últimas consecuencias”, enfatizó Castaños.
Manifestó que la corrupción, el crimen y la impunidad son un mal estructural que está insertado en todas las instituciones fácticas el Estado, incluida la justicia, que a su juicio solo responde a los intereses de la clase dominante.